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Los medios de difusión en una democracia

Todas las sociedades se gobiernan por leyes; pero gobernar por la ley no es suficiente, ni lo son los organismos que imponen la ley. El desenvolvimiento tranquilo y ordenado de la sociedad depende del clima de la opinión pública.



Una distinguida señora, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores Salvadoreños (ASDER), dijo en un programa de entrevistas de un canal de televisión, no saber que “se quiere decir por democratización de los medios de comunicación”; pero sí precisó una temeraria afirmación al insinuar que “podría referirse a despojar de frecuencias de radio a los actuales propietarios”. No deseamos enmendarle la plana, ni mucho menos “educarla” en el conocimiento sobre temas que una institución como la que representa debería manejar con fluidez y claridad, puesto que la materia prima usada no menos de quince horas al día es la palabra, el verbo, el sustantivo, el predicado, el sujeto y distintos calificativos.

Si sus compañeros de ASDER defienden y respetan la libertad de expresión, como un pilar fundamental de la democracia, deberían saber que ésta se caracteriza por proclamar el principio de la subordinación de la minoría a la mayoría y el reconocimiento de la libertad y de la igualdad de derechos de los ciudadanos. Este sistema de gobierno adoptado por la mayoría de países del mundo occidental, se basa en un ordenamiento de leyes y en el acatamiento de la justicia, un fin perseguido por la humanidad y en todas partes, pero no siempre aplicado con imparcialidad en las distintas sociedades y países.

Las leyes se han aprobado para ser acatadas por personas naturales y jurídicas y no para valerse de ellas, como tristemente ha ocurrido en El Salvador, donde los monopolios de las comunicaciones han sido la norma básica. Aquí, pocas familias son poseedoras de gran cantidad de emisoras de radio y de canales de televisión, se constituyen en verdaderos grupos de poder mediático y llegan, incluso, a imponer la agenda diaria a los gobernantes de turno. Las frecuencias de radio se han otorgado de forma discrecional a los “amigos” del presidente o “miembros” del partido. En una democracia, respetuosa de las leyes y del ordenamiento jurídico, esto no debería ocurrir; pero ha sido una conducta normal en este país.

En pleno siglo XXI, caracterizado por un enorme avance en la ciencia y la tecnología, nosotros cargamos con el lastre del feudalismo. Las grandes fuerzas que operan en el mundo moderno –crecimiento demográfico, movilidad acelerada, el vasto incremento del Estado, concentración urbana de las sociedades—han impuesto cambios trascendentales en nuestro sistema judicial; pero no parecen haber modificado la estructura de pensamiento de los grandes empresarios de la radiodifusión, de la televisión y la prensa. O estimada señora y distinguidos miembros de ASDER, si estos cambios se han realizado, ¿en qué sentido han afectado a la prensa? O talvez, una mejor forma de expresarse sería ¿cómo ha reaccionado la prensa ante estos cambios, y qué está haciendo y qué puede hacer para enfrentarse a las exigencias suscitadas del hecho de que la justicia ha de preservar a nuestra nación?

La democratización de las comunicaciones pasa por otorgarles voz a las personas, por el acceso irrestricto a los medios de difusión, por garantizar el derecho de respuesta, por combatir el monopolio y permitir a distintas asociaciones y comunidades contar con sus propios recursos de comunicación. En El Salvador los “grandes empresarios” han defendido no la libertad de expresión y de prensa, sino el derecho a la libertad económica, a la pauta publicitaria. Lo estamos viendo actualmente: ¿ha protestado editorialmente el diario de hoy por la millonaria cantidad asignada a tres canales de televisión propiedad de una familia, en menoscabo de “otros” canales cuya pauta ha sido pírrica? Ignoramos cuál es la cantidad presupuestada a este medio de prensa; pero en la medida que “satisfaga” sus ambiciones, así también se conocerán sus particulares posiciones. La Asociación Salvadoreña de Agencias de Publicidad (ASAP) que tan alegremente se lucró durante los 20 años de gestión de los gobiernos areneros y que en alguna medida participó de la corrupción y de los “repartos del pastel” publicitario, ahora se rasga las vestiduras y alega “favoritismo” del gobierno al encomendar las campañas publicitarias a una agencia supuestamente propiedad de un brasileño. Cuando no se ha tenido una conducta empresarial ejemplar y no se ha actuado conforme establecen los códigos éticos, no se puede hablar de respaldo ni autoridad moral para en el presente defender un derecho jamás obtenido.

Nosotros quisiéramos ver algún día, a las radios miembros de ASDER, como defensoras de los más débiles y vulnerables en este país; adquirir fortaleza, no por la pauta publicitaria, sino por denunciar los abusos de los privilegios y la injusticia con los pobres y oprimidos. Desarrollar una programación diaria de calidad y con altos valores humanos, no simplemente la transmisión de chistes de mal gusto, humor de pésima calidad y noticias “subidas de tono”. En los actuales momentos cuando se ha producido un cambio de gobierno, no de sistema, las radios, la televisión y la prensa deben marchar al ritmo de “estos cambios”, ser críticos con las buenas y malas obras del régimen; pero también ser responsables con los ciudadanos.

La experiencia y la tradición no avala la conducta de los agremiados de la ASDER, la deslealtad con sus radio escuchas ha sido notoria. Lo vivimos cada cuatro o cinco años con las campañas electorales para elegir nuevo presidente de la república. Las radios de los “grandes” y pequeños empresarios, hacen suya la agenda oficial. Los tiempos más duros y diabólicos de Hitler, con su propaganda política, se repiten en este país, toman prestado elementos y consignas incendiarias para difamar y calumniar al adversario. Desde luego, son épocas y “enemigos distintos” por lo cual esos sistemas de acción psicológicos se tornan ineficaces y se anulan en la práctica. Pero lamentablemente el daño está hecho no sólo para los supuestos receptores, sino para los mismos propaladores de tales mentiras y engaños.

Si los medios de difusión de El Salvador quieren cambiar y ejercer una función como defensores de los más humildes de este país, de los marginados de la justicia, tendrán que mirar más allá de la pauta publicitaria, de los límites de las “grandes empresas”. En los Estados Unidos, de acuerdo con lo referido por Wesley Clark, los peligros que ahora se presentan, provienen no tanto de las empresas gigantes, que han sido controladas y vigiladas por cerca de 70 años, sino de los nuevos centros de poder- el Estado que ha crecido enormemente en los últimos 60 años, los sindicatos que comparativamente han crecido aún más y, quizás, las asociaciones raciales y religiosas, con mayor fuerza y protagonismo.

Un sistema verdaderamente democrático no se alcanza por decreto o deseo de unas cuantas personas, es un proceso largo, coherente y bien pensando, donde todas las instituciones funcionan, se escucha a las personas y se respetan las leyes. En este escenario los medios de difusión juegan un papel de primera importancia, pues en alguna medida se convierten en fiscalizadores de la administración de los gobernantes, del trabajo de los funcionarios. Se hacen eco de las peticiones de los ciudadanos, de las críticas y aspiraciones. Si en una comunidad no está llegando el agua potable o carecen se servicio eléctrico, los medios de comunicación deben decirlo y pedir explicaciones por tales deficiencias. Desde luego, los medios no pueden asumir solos la responsabilidad que le impone la ciudadanía; la tarea de verificar que se publique la verdad no corresponde sólo a los periódicos, las radios o los canales de televisión; “estos no pueden cargar unilateralmente con tamaña cruz”, ni quizás quieren hacerlo; la mayor parte, a lo más, acogen aclaraciones o polémicas (al menos en ciertos programas de televisión y de radios comunitarias) relacionadas con noticias hechas públicas. Únicamente en las dictaduras los ciudadanos delegan al gobierno la calificación de la verdad. La tarea de que la verdad sea efectivamente conocida es en una democracia el deber de todos.



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