Estos dos primeros años de gobierno del presidente Ollanta Humala se han caracterizado por la continuidad de la política económica de libre mercado (con ´inclusión social´), un manejo que ha permitido mantener la estabilidad macroeconómica, y por el respeto al marco jurídico y constitucional vigente que es atractivo para las inversiones y flujos de capital.
Ello ha sido suficiente para mantener tasas de crecimiento económico alrededor del 6%, a pesar de la crisis económica internacional, porque permitió que la demanda interna mantenga un dinamismo importante (tanto por el lado de la inversión como del consumo) en un contexto en el que, los precios de los minerales, a pesar de haber disminuido, se mantuvieron todavía altos.
En adelante será más difícil lograr un crecimiento económico alto y sostenido (encima de 6%). Hay indicios claros de que continuarán los efectos negativos de una economía internacional que se mantendría débil por varios años más, con lo cual la demanda y precios de nuestros principales productos de exportación seguirán deprimidos (para algunos ya se acabó el boom de los precios de los minerales).
Por otro lado, no será fácil revertir el deterioro de las expectativas de los agentes económicos, y los efectos negativos que ello ha teniendo en la demanda interna (principalmente en la inversión y consumo del sector privado), debido a señales políticas (como la intención de comprar los activos de Repsol, que después desistió el gobierno) que son percibidas negativamente por los agentes económicos (y que siguen apareciendo, lo ocurrido con la designación de los magistrados del Tribunal Constitucional, es un ejemplo más reciente), porque reflejan vacilaciones (o ambigüedad), al interior del gobierno, sobre la ruta a seguir, aun cuando hay una Hoja de Ruta.
Y eso afecta no sólo el corto plazo sino también el mediano y largo plazo: posterga tanto las decisiones de inversión privada, como la toma de decisiones políticas para impulsar agresivamente una serie de reformas que contiene la agenda pendiente para mejorar la productividad y competitividad del país. Hay algunos avances en esa dirección, como haber iniciado las reformas de Educación, del Servicio Civil (ya viene Salud), pero todavía falta que se implementen y que logren el objetivo principal que es mejorar la calidad y eficiencia del estado en la provisión de esos servicios (de los cuales depende el capital humano).
La buena noticia es que, debido al esfuerzo de todos los peruanos en las dos últimas décadas, las fortalezas y fundamentos de la economía nacional son suficientes para afrontar incluso una nueva crisis financiera mundial y retomar rápidamente la senda del crecimiento (ya ocurrió en la crisis del 2008-2009). El problema es que sin precios altos de los minerales ni reformas (que se debieron emprender hace 15 años y que se siguen postergando) la economía crecería a tasas bajas (debajo de su potencial) con lo cual demoraría más el ansiado ingreso al grupo de países de ingreso alto (mundo desarrollado).
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