Por Pablo Secada. Tras 18 años, nuestro país tiene un nuevo censo agropecuario. La primera reflexión que hay que hacer es que es inaudito que no hagamos, consistente y puntualmente, los censos agropecuarios o generales, y que no invirtamos más recursos en obtener y procesar valiosa información pública que nos permitiría entender y enfrentar más eficientemente nuestros problemas.
No es una buena idea tomar decisiones sin información adecuada. Información que nos indique cuáles verdaderamente son los problemas y cuáles las posibles soluciones. Información que permita elaborar buenos indicadores de desempeño para comparar políticas o unidades ejecutoras del gasto. Líneas de base que permitan la evaluación independiente de la efectividad de los programas públicos, para potenciar los buenos, reformar los mediocres o cerrar los malos.
Volviendo al tema agropecuario y más allá de la lógica de gestión por resultados o rendición de cuentas, no se puede verdaderamente hacer política agraria sin información detallada de nuestro sector agrícola porque no existe "el agro peruano". Hay "los agros peruanos", como lo confirma el censo. Algunos de subsistencia, con una productividad bajísima, como millones de campesinos alto andinos, por ejemplo, aunque sus necesidades más urgentes pueden variar. Otros modernos e integrados a China, Europa y Estados Unidos. Las políticas públicas apropiadas para cada agro son distintas.
Lo que el censo deja claro es que son tres los problemas más grandes que enfrentan los agricultores peruanos. El buen uso del agua, la disponibilidad de tecnología adecuada en general y el acceso a mercados (ver gráficos).Atender estos tres problemas permitiría mejorar enormemente la calidad de vida de la mayoría de las familias más pobres del país, generar más y mejores empleos, productos y usar más eficientemente nuestros recursos naturales.
El Estado ni siquiera enuncia una reforma del agua, sin la cual nuestro desarrollo agrícola se verá seriamente limitado. Información sobre el tamaño y la recarga de los acuíferos, políticas de forestación de las cabezas de cuenca, descolmatación e infraestructura en los lechos de los ríos, infiltración de los acuíferos, construcción de reservorios y, sobre todo, cobro del costo social del agua a por lo menos el grueso de la producción agrícola siguen siendo temas pendientes, hasta en el discurso. Entendemos que existen algunos consultores y participantes del Acuerdo Nacional y de CEPLAN que entienden lo crucial es que es definir una nueva política que lleve al buen uso de nuestra agua.
Infraestructura rural como la que se supone proveerá FONIE (a menos que el gobierno cometa el craso error de no seguir apostando por los planes del MIDIS).Semillas mejoradas como las que el INIA debería estar produciendo.Microirrigaciones como las que promueve el Ministro de Agricultura, que son mucho más inclusivas y eficaces que los megaproyectos de irrigación. Educación técnica desde el colegio. Apoyo estatal a la asociatividad y a la buena inteligencia comercial sobre los mercados. Todas estas son actividades que deberían tener una alta prioridad en la agenda agrícola peruana y mayores recursos para atenderla.
La "Reforma Agraria", con el supuesto objetivo de mejora de la equidad, en general,destruyó la economía de las zonas rurales, en vez de reformar lo que había que cambiar. Quizás se pueda encontrar alguna manera de que el fallo del Tribunal Constitucional sobre el pago de la deuda agraria permita orientar recursos públicos necesarios al sector. Sería una forma muy constructiva de cerrar exitosamente un círculo que comenzó tan mal que el reconocimiento y pago de las deudas legítimamente contraídas por el Estado peruano pueda ser la ocasión de proponer una reforma integral de las políticas públicas en el agro y en las zonas rurales.
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