Por Miguel Palomino. Ayer, el Ministro Miguel Castilla dio a conocer que el gobierno ha remitido al Congreso una serie de proyectos de ley orientados a cumplir con los anuncios del Presidente Humala respecto a medidas para destrabar y repotenciar la inversión privada. Con cargo a revisar en detalle los proyectos de ley una vez estos estén disponibles, adelantamos algunas apreciaciones basadas en lo que el Ministro declaró a los medios. Nos animamos a hacer esto porque una buena parte de las medidas anunciadas se han venido discutiendo entre especialistas hace meses e incluso años.
La buena noticia es que en varios casos lo anunciado se acercaría a lo que los que participaron en la discusión hubieran considerado un resultado optimista. Esto contrasta con la timidez que se ha observado en algunas medidas anteriores. Asimismo, las medidas tienen un alcance bastante amplio, lo cual refleja una voluntad de atacar problemas en muchos frentes.
Un primer punto en las medidas propuestas son las mejoras en el régimen de obras por impuesto. Dicho régimen se justifica en la mayor capacidad de generación y ejecución de proyectos del sector privado en comparación con el sector público (ver gráfico 1). Pero esta mayor capacidad sólo podía ser aprovechada en algunos tipos de inversiones (infraestructura) con cargo a ciertos fondos específicos (canon, sobrecanon y regalías). La propuesta del Ejecutivo extiende el régimen de obras por impuestos a la inversión pública en general y con cargo a cualquier fondo del Estado, lo cual amplía enormemente el espacio para hacer uso de este mecanismo para acelerar la inversión pública. Asimismo, se amplia el régimen de obras por impuestos para poder incluir el mantenimiento de las obras y los estudios de pre-inversión como parte del proyecto de inversión, lo cual redundará en mejores y más duraderas inversiones. Entendemos, además, que se permitiría la participación de universidades públicas en estos proyectos.
Un segundo punto es que el procedimiento mediante el cual el Estado paga sus obligaciones con proveedores corresponde a un sistema hecho para que un Estado crónicamente deficitario y sin caja pudiera retrasar sus pagos, implícitamente financiándose de sus proveedores. La realidad de hoy -en que el Estado es superavitario y puede obtener financiamiento a tasas bajas antes impensables- hace que sea una barbaridad que el Estado se financie de sus proveedores, incluyendo Pymes que enfrentan costos financieros mucho mayores (ver gráfico 2). Por ello, son muy positivas las medidas anunciadas en cuanto a lograr que el Estado se convierta en un pagador previsible y puntual, así como las medidas orientadas a acelerar la devolución del IGV. En la misma dirección, se ha anunciado, aunque sin detalles, el impulso al mecanismo de facturas negociables, las cuales, de ser obligatorias, resultarían en un verdadero salto hacia adelante en cuanto a mejorar el financiamiento de las Pymes.
En tercer lugar, todos los estudios referentes a trabas burocráticas en el Perú señalan que las que más impactan a la actividad económica y en particular a los servicios públicos, infraestructura y construcción de vivienda son las licencias y permisos municipales. Por ello, la simplificación anunciada en el proceso de autorizaciones municipales en estos rubros, si es efectiva, es también una muy buena noticia.
Por último, tomando en cuenta que la poca actividad de investigación y desarrollo es una de nuestras principales desventajas competitivas, resulta importante que finalmente se permita que las empresas deduzcan como gasto los costos de investigación y desarrollo. Francamente, es increíble que esto no se haya dado antes.
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