Por Pablo Secada. El gobierno vendió la reforma del servicio civil como "LA" reforma que se haría en este quinquenio. Fue textualmente lo que se dijo, por ejemplo, en la reunión anual del IPE de agosto del año pasado. Nadie niega que contar con verdaderos "servidores públicos" es una condición indispensable para que nuestro Estado sea funcional y contribuya como debe al desarrollo nacional. Elaborar una propuesta de reforma ha costado mucho trabajo. Como lo indicó la Ministra de Trabajo en unas declaraciones a TV Perú, SERVIR actuó como Secretaría Técnica de un esfuerzo en que se consultó a expertos nacionales e internacionales, se redactó el Proyecto de Ley del Servicio Civil con la participación de técnicos del MEF, MTPE, PCM y SERVIR, y se escuchó la opinión de algunos representantes sindicales.
Un trabajo técnico y la información relevante para su discusión son bien recibidos cuando las partes actúan de buena voluntad. Dada nuestra precariedad institucional, pretender que "sindicatos" mercantilistas realmente discutan con buena voluntad o que algunos medios de comunicación sesgados informen objetivamente es una demostración de candidez. Las críticas al proyecto en los "debates" en las comisiones legislativas de Presupuesto y Trabajo, en las oficinas y pasillos del Legislativo, en los medios o en las redes sociales se han basado en cuestionamientos falsos o absurdos que están muy bien resumidos en el editorial de un diario. En el siguiente cuadro (ver) contrastamos las críticas centrales de dicho editorial con el dictamen de la Comisión de Presupuesto (ver), para que los lectores constaten la invalidez de dichos "cuestionamientos".
Pero estos cuestionamientos, junto con la acusación sin base de que la aprobación de la Ley ocasionaría el despido de muchos empleados públicos, son los que han usado los congresistas del mismo partido del gobierno y los "líderes sindicales", sus asesores y otros para detener y, de ser posible, revertir la reforma. La Comisión de Trabajo del Congreso no emitió un dictamen oportunamente. El congresista Lescano aprovechó que su presidente, Juan José Díaz Dios no asistió "por motivos de salud", para emitir un dictamen que revierte la reforma, aunque entendemos que Lescano aún no habría logrado conseguir que los congresistas firmen para que el dictamen sea oficial. Cada jueves hay una presencia mediática y física más nutrida de quienes no quieren la reforma. Tienen toda la experiencia política de la que los reformistas parecen carecer. Como para complicarse el panorama político y demostrando poco aprecio por la oportunidad en que se hacen las cosas, el gobierno anunció que no indultaría a Alberto Fujimori. El congresista Díaz Dios es parte de la bancada fujimorista, cuyos votos eran claves para aprobar la reforma.
La acción política del gobierno tendrá que ser muy acertada si quieren sacar la reforma. Revelar la falsedad de las críticas a la reforma en los medios sería un primer paso. Ampliar las reuniones informativas que se están haciendo para incluir a líderes de opinión y especialistas sería otro acierto. Al final del día, sin embargo, Palacio se la tiene que jugar por esta reforma si la quiere concretar. Sería la medida por la cual se recordaría a este gobierno. Contribuiría, en mayor grado que las medidas económicas anunciadas, a la recuperación de la confianza y de la inversión, que están a niveles consistentes con un crecimiento modesto. Si esto no mejora, no habrá inclusión, como lo indican los estudios que asignan al crecimiento económico la mayor responsabilidad en la mejora del bienestar.
Todo esto está en juego. Necesitamos un Estado eficiente que promueva la equidad. Servidores públicos escogidos e incentivados apropiadamente son indispensables para conseguir tal objetivo. Nadie puede creer que mantener la situación actual es aceptable. Seguir creciendo sólo porque nos recuperamos de los horrores de los 70s y 80s no es suficiente. Es absolutamente posible y un imperativo moral hacer más. Empecemos con esta reforma clave.
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