Uno de los temas centrales en la disputa democrática por el poder lo ha constituido el acceso a los medios electrónicos. Como tal, el tema no sólo es que los partidos y los candidatos puedan aparecer en la pantalla o en los promocionales radiofónicos; la cuestión central y el desafío de hoy día se refiere a la capacidad para hacer llegar el mensaje con eficacia, el argumentar razonadamente la adhesión y el sentido de la preferencia; por tal razón, la equidad en la contienda es un elemento esencial de una elección justa, aquella que legitima al ganador y que conforma a quien no fue favorecido.
El cambio institucional ha pasado por tres estaciones: la primera, en 1978, fue facilitar a los partidos existentes su formalidad, participación en las elecciones y en la integración de la representación popular; la segunda, en 1990, se refirió a la modernización de las instituciones e instrumentos electorales; el tercer impulso en 1996, atendió a la equidad, conjuntamente con una revisión exhaustiva a la justicia electoral y la apertura democrática en la elección de las autoridades administrativas del DF.
La reforma reciente intentó ser un correctivo de las insuficiencias de los cambios previos. En el grado de las pretensiones, sobresale el tema de la disminución de tiempos y costos de campaña, la regulación de precampañas, la homologación de las fechas de elección, la designación entreverada de consejeros y magistrados electorales, entre otros aspectos. Un capítulo especial lo representó el tema del acceso de los partidos a la radio y la tv. En un explicable afán por evitar los abusos que ocurrieron en el pasado, se buscó que la publicidad política en medios electrónicos fuera exclusiva de los partidos políticos, acceso que sólo podrá darse a través del IFE. Los ciudadanos fueron excluidos e injustamente castigados por los excesos en los que incurrieron los gobernantes, los partidos y los candidatos.
Los efectos colaterales de la reforma pasada son preocupantes en extremo. Quienes la promovieron y votaron no pueden argumentar que esas no eran las intenciones o que el cambio legal suponía un comportamiento distinto de los actores. Entre estos efectos perversos del cambio está el hecho de que el IFE no haya podido recuperar el prestigio que caracterizó al primer Consejo General después de la reforma de 1996. De hecho, la debilidad del segundo consejo (ocasionada más por la forma para designarlos que por su desempeño) en buena parte explica las dificultades que se padecieron al calificar la elección presidencial. Un escenario semejante (un resultado estrecho), con el consejo de ahora, el desenlace será seguramente peor.
Uno de los aspectos más negativos de la reforma fue la espotización de las campañas. Si ya se había tomado la decisión de utilizar los tiempos del Estado en radio y tv en cantidades y condiciones excesivas para cualquier democracia, es inexplicable que se haya optado por un esquema absurdamente rígido, sin posibilidades de diferenciación y, sobre todo, fundado en promocionales de fracciones de minutos. Una campaña así, niega el debate y el necesario ejercicio de partidos y candidatos para convocar la adhesión ciudadana a través del voto. En unas cuantas semanas, habremos de padecer un grosero e invasivo bombardeo de publicidad electoral en radio y tv. El debate existirá en el imaginario de los candidatos, de las burocracias partidistas y de los proveedores de publicidad; por cierto, con la nueva realidad normativa, los candidatos difícilmente podrán decidir los contenidos de sus promocionales. Es previsible que el ciudadano se advierta distante de la elección y ajeno a la decisión, como habrán de constatarlo las cifras del abstencionismo; los pronósticos son que seis de cada diez ciudadanos
no concurrirá a ejercer su derecho de voto.
Fue positivo que el IFE autorizara al partido gobernante a emprender publicidad que haga referencia a lo que hacen las autoridades provenientes de su partido. Sería un absurdo prohibición en tal sentido; sin embargo, el problema es que esto sólo será objeto de publicidad o propaganda. En los términos de la ley vigente, hace sumamente difícil un escrutinio democrático de lo que hacen los partidos cuando gobiernan. Serán las maquinarias partidistas o territoriales las que decidan en buena parte al ganador. La ley, al inhibir la participación, despoja al ciudadano de su poder decisorio, por ello el abstencionismo.
Otro de los aspectos controvertidos se refiere a las actividades de los gobernantes como ciudadanos. De tiempo hace, existe la idea de anular o limitar los derechos políticos de los servidores públicos. Se han creado fiscalías especiales, tipos penales y ahora la restricción de que puedan hacer referencias positivas o adversas respecto a un candidato o partido. Ese no es el tema central. Para dilucidarlo hay que diferenciar dos cuestiones: imparcialidad y equidad; las dos importan, mucho más, la segunda.
Para salvaguardar la equidad y la imparcialidad no basta con la ley; es muy importante que no se condicionen o desvíen recursos públicos para objetivos ajenos a sus fines; tampoco que los gobernantes interfieran en partidos y campañas. Sin embargo, la imparcialidad y la equidad no pasan sólo por las leyes, también por un sentido de ética y de compromiso con los principios de la democracia.
En las elecciones de 2006 el desempeño del presidente Fox comprometió equidad e imparcialidad. Por sus expresiones subsecuentes, hoy sabemos que él consideraba un derecho el actuar frente a un contendiente presidencial hostil. Sin embargo, por su condición de jefe de Estado, debió haber considerado que las campañas atañen a ciudadanos, candidatos y partidos no al Presidente.
Lo más preocupante de todo el proceso de cambio institucional es que se ha privilegiado a los partidos. La reforma reciente excluye a los ciudadanos de la política, de las campañas y restringe la libertad de expresión, niega al debate a través del espotismo. Una baja participación electoral será mandato inequívoco para modificar la lógica dominante de la reforma. Entonces será la hora de volver la vista a los ciudadanos.
El cambio institucional ha pasado por tres estaciones: la primera, en 1978, fue facilitar a los partidos existentes su formalidad, participación en las elecciones y en la integración de la representación popular; la segunda, en 1990, se refirió a la modernización de las instituciones e instrumentos electorales; el tercer impulso en 1996, atendió a la equidad, conjuntamente con una revisión exhaustiva a la justicia electoral y la apertura democrática en la elección de las autoridades administrativas del DF.
La reforma reciente intentó ser un correctivo de las insuficiencias de los cambios previos. En el grado de las pretensiones, sobresale el tema de la disminución de tiempos y costos de campaña, la regulación de precampañas, la homologación de las fechas de elección, la designación entreverada de consejeros y magistrados electorales, entre otros aspectos. Un capítulo especial lo representó el tema del acceso de los partidos a la radio y la tv. En un explicable afán por evitar los abusos que ocurrieron en el pasado, se buscó que la publicidad política en medios electrónicos fuera exclusiva de los partidos políticos, acceso que sólo podrá darse a través del IFE. Los ciudadanos fueron excluidos e injustamente castigados por los excesos en los que incurrieron los gobernantes, los partidos y los candidatos.
Los efectos colaterales de la reforma pasada son preocupantes en extremo. Quienes la promovieron y votaron no pueden argumentar que esas no eran las intenciones o que el cambio legal suponía un comportamiento distinto de los actores. Entre estos efectos perversos del cambio está el hecho de que el IFE no haya podido recuperar el prestigio que caracterizó al primer Consejo General después de la reforma de 1996. De hecho, la debilidad del segundo consejo (ocasionada más por la forma para designarlos que por su desempeño) en buena parte explica las dificultades que se padecieron al calificar la elección presidencial. Un escenario semejante (un resultado estrecho), con el consejo de ahora, el desenlace será seguramente peor.
Uno de los aspectos más negativos de la reforma fue la espotización de las campañas. Si ya se había tomado la decisión de utilizar los tiempos del Estado en radio y tv en cantidades y condiciones excesivas para cualquier democracia, es inexplicable que se haya optado por un esquema absurdamente rígido, sin posibilidades de diferenciación y, sobre todo, fundado en promocionales de fracciones de minutos. Una campaña así, niega el debate y el necesario ejercicio de partidos y candidatos para convocar la adhesión ciudadana a través del voto. En unas cuantas semanas, habremos de padecer un grosero e invasivo bombardeo de publicidad electoral en radio y tv. El debate existirá en el imaginario de los candidatos, de las burocracias partidistas y de los proveedores de publicidad; por cierto, con la nueva realidad normativa, los candidatos difícilmente podrán decidir los contenidos de sus promocionales. Es previsible que el ciudadano se advierta distante de la elección y ajeno a la decisión, como habrán de constatarlo las cifras del abstencionismo; los pronósticos son que seis de cada diez ciudadanos
no concurrirá a ejercer su derecho de voto.
Fue positivo que el IFE autorizara al partido gobernante a emprender publicidad que haga referencia a lo que hacen las autoridades provenientes de su partido. Sería un absurdo prohibición en tal sentido; sin embargo, el problema es que esto sólo será objeto de publicidad o propaganda. En los términos de la ley vigente, hace sumamente difícil un escrutinio democrático de lo que hacen los partidos cuando gobiernan. Serán las maquinarias partidistas o territoriales las que decidan en buena parte al ganador. La ley, al inhibir la participación, despoja al ciudadano de su poder decisorio, por ello el abstencionismo.
Otro de los aspectos controvertidos se refiere a las actividades de los gobernantes como ciudadanos. De tiempo hace, existe la idea de anular o limitar los derechos políticos de los servidores públicos. Se han creado fiscalías especiales, tipos penales y ahora la restricción de que puedan hacer referencias positivas o adversas respecto a un candidato o partido. Ese no es el tema central. Para dilucidarlo hay que diferenciar dos cuestiones: imparcialidad y equidad; las dos importan, mucho más, la segunda.
Para salvaguardar la equidad y la imparcialidad no basta con la ley; es muy importante que no se condicionen o desvíen recursos públicos para objetivos ajenos a sus fines; tampoco que los gobernantes interfieran en partidos y campañas. Sin embargo, la imparcialidad y la equidad no pasan sólo por las leyes, también por un sentido de ética y de compromiso con los principios de la democracia.
En las elecciones de 2006 el desempeño del presidente Fox comprometió equidad e imparcialidad. Por sus expresiones subsecuentes, hoy sabemos que él consideraba un derecho el actuar frente a un contendiente presidencial hostil. Sin embargo, por su condición de jefe de Estado, debió haber considerado que las campañas atañen a ciudadanos, candidatos y partidos no al Presidente.
Lo más preocupante de todo el proceso de cambio institucional es que se ha privilegiado a los partidos. La reforma reciente excluye a los ciudadanos de la política, de las campañas y restringe la libertad de expresión, niega al debate a través del espotismo. Una baja participación electoral será mandato inequívoco para modificar la lógica dominante de la reforma. Entonces será la hora de volver la vista a los ciudadanos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario