A pesar que Carlos Raffo se mande con cortinas de humo twitteras para olvidarlo, hoy se celebra la aparición del video que comenzó a revelar el grado de podredumbre que alcanzó el gobierno de Alberto Fujimori. Luego de ver a Vladimiro Montesinos pagarle su pase a la bancada oficialista a Alberto Kouri para que Fujimori tenga mayoría parlamentaria, no tuvimos duda alguna de que aquellas denuncias que se venían mencionando desde inicios de la década de los noventa eran, en su mayor parte, bastante ciertas.
El fujimorismo fue - mejor dicho, es - un proyecto autoritario, que no cree en la democracia para alcanzar los fines de gobierno y que montó el aparato de corrupción más grande de la historia republicana peruana. Desde una cúpula centrada en Fujimori y Montesinos, se fueron creando varios círculos de cooptación del poder, a través del cual, con el pretexto de la lucha contra el terrorismo y la reforma económica, se fueron corrompiendo a personas y estableciendo redes en diversas instituciones. En la década de 1990, la corrupción ya existente se centralizó, se aumentó y contó con mayores recursos para el aprovechamiento de los recursos del Estado.
El autoritarismo del régimen no solo fue un fin en si mismo, sino que se convirtió en un instrumento para evitar cualquier investigación judicial o periodística sobre los delitos cometidos. Asimismo, con el pretexto de la introducción de reformas del mercado al país y con las privatizaciones y concesiones, algunos empresarios y funcionarios estatales en la parte económica también se beneficiaron a través del manejo de información privilegiada o con irregularidades en los contratos de concesión o privatización. Desafortunadamente, este último punto no ha sido suficientemente investigado y sancionado por el Poder Judicial peruano.
Una vez concluido el régimen de Fujimori, las cosas pasaron a otro grado. En el prólogo de Petroaudios, Gustavo Gorriti detalla lo que ocurrió, sobre todo, en relación con las empresas y los espías:
Cuando cayó Montesinos, el centro se disgregó, pero se mantuvo un cierto orden. Como el manejo económico apenas sufrió modificaciones y las grandes empresas pasaron de un escenario bueno a otro mejor, sus estructuras de servicios, desde los estudios de abogados hasta sus compañías de seguridad y sus funcionarios de relaciones públicas, permanecieron igual o crecieron.
Pero ya no había SIN, el árbitro de último recurso, con su costosa y centralizada presencia.
Un contingente de espías técnicamente calificados se encontró sin empleador, mientras que jueces, fiscales, dueños de medios y accionistas de empresas quedaban sin alguien que les dijera qué no hacer, qué hacer y por cuánto.
La adaptación no fue difícil. El arte del lobby se hizo más complejo —aunque siempre dentro del ámbito de lo asequible— y requirió mejores servicios profesionales. Como las empresas y estudios de abogados precisaban mejor información, los espías desempleados con capacidad técnica no quedaron mucho tiempo sin trabajo.
Una de las consecuencias lógicas de esta situación fue la conexión clara entre Estado, empresarios y espías. De hecho, la principal revelación de Petroaudios es que uno de los espías que hacía espionaje industrial también habría colaborado en la campaña electoral del actual Presidente de la República. Y que García confió en estas personas para librar su seguridad personal y, en parte, la del país. Se trataba de la privatización de la inteligencia, en un contexto en que el Presidente confundía su rol de impulsor de las inversiones necesarias para el país y la generación de empleo con un ujier de ciertas corporaciones o el determinador de quien entraba o no a invertir en el país.
Pero las conexiones también se dieron a nivel de empresarios y espías. Carlos Melendez comenta las consecuencias de esta relación:
Este tipo de empresas terminan jugando roles claves en la toma de decisiones, ya que ofrecen servicios que lindan con el delito (muchas veces pasando los límites de lo permisible, claro está) y que justifican medidas represivas. En una década caracterizada por los conflictos entre intereses privados de grandes empresas extractivas y de organizaciones sociales incapaces de mediar las demandas sociales, el manejo de la información y las “medidas de control social” (sic) resultan claves para la definición de los desenlaces, como sucede a menudo con los conflictos sociales. Ante la imposibilidad del diálogo y la negociación, básicamente por ausencia de intermediación estatal, la oferta de servicios de espionaje y de represión resulta atractiva para tomadores de decisiones que desconocen la lógica social y política de los espacios donde operan sus intereses. Azuzando los temores –como el miedo que meten las Farc o el Chavismo continental–, se justifica la contratación de services de “seguridad de la información”, y las reuniones de los comités de directorio de empresas privadas caen ante la seducción de las exposiciones de marinos en retiro especialistas en vender conspiraciones y prometer “estrategias de defensa” que terminan en un balazo en la pierna a algún dirigente social (caso real).
Por tanto, más allá de las anécdotas y de los faenones, quizás sea necesario pensar en las consecuencias que la corrupción está generando en el país o como se emparenta con otros fenómenos sociales. Con las distancias que median entre el fujimorato y este gobierno, hemos pasado, en aras de un supuesto fin necesario para todos, a otro tipo de corrupción.
¿Cómo la combatimos? Para comenzar, dejando de tener miedo de procesar a quienes estén involucrados en estos temas, sobre todo, cuando cuentan con gran poder económico. Ello nos ayudará a separar a los buenos empresarios de aquellos que no lo son. Y claro, también impidiendo que la seguridad del país vuelva a estar en manos de quienes quieren medrar a costa de ella, sea desde el Estado o desde empresas privadas. Y para ello todos, Estado, empresas y demás actores de la sociedad deberán estar dispuesto a transparentar sus prácticas. Con ello, quizás los peruanos desconfiemos menos de los funcionarios públicos y los empresarios.
El fujimorismo fue - mejor dicho, es - un proyecto autoritario, que no cree en la democracia para alcanzar los fines de gobierno y que montó el aparato de corrupción más grande de la historia republicana peruana. Desde una cúpula centrada en Fujimori y Montesinos, se fueron creando varios círculos de cooptación del poder, a través del cual, con el pretexto de la lucha contra el terrorismo y la reforma económica, se fueron corrompiendo a personas y estableciendo redes en diversas instituciones. En la década de 1990, la corrupción ya existente se centralizó, se aumentó y contó con mayores recursos para el aprovechamiento de los recursos del Estado.
El autoritarismo del régimen no solo fue un fin en si mismo, sino que se convirtió en un instrumento para evitar cualquier investigación judicial o periodística sobre los delitos cometidos. Asimismo, con el pretexto de la introducción de reformas del mercado al país y con las privatizaciones y concesiones, algunos empresarios y funcionarios estatales en la parte económica también se beneficiaron a través del manejo de información privilegiada o con irregularidades en los contratos de concesión o privatización. Desafortunadamente, este último punto no ha sido suficientemente investigado y sancionado por el Poder Judicial peruano.
Una vez concluido el régimen de Fujimori, las cosas pasaron a otro grado. En el prólogo de Petroaudios, Gustavo Gorriti detalla lo que ocurrió, sobre todo, en relación con las empresas y los espías:
Cuando cayó Montesinos, el centro se disgregó, pero se mantuvo un cierto orden. Como el manejo económico apenas sufrió modificaciones y las grandes empresas pasaron de un escenario bueno a otro mejor, sus estructuras de servicios, desde los estudios de abogados hasta sus compañías de seguridad y sus funcionarios de relaciones públicas, permanecieron igual o crecieron.
Pero ya no había SIN, el árbitro de último recurso, con su costosa y centralizada presencia.
Un contingente de espías técnicamente calificados se encontró sin empleador, mientras que jueces, fiscales, dueños de medios y accionistas de empresas quedaban sin alguien que les dijera qué no hacer, qué hacer y por cuánto.
La adaptación no fue difícil. El arte del lobby se hizo más complejo —aunque siempre dentro del ámbito de lo asequible— y requirió mejores servicios profesionales. Como las empresas y estudios de abogados precisaban mejor información, los espías desempleados con capacidad técnica no quedaron mucho tiempo sin trabajo.
Una de las consecuencias lógicas de esta situación fue la conexión clara entre Estado, empresarios y espías. De hecho, la principal revelación de Petroaudios es que uno de los espías que hacía espionaje industrial también habría colaborado en la campaña electoral del actual Presidente de la República. Y que García confió en estas personas para librar su seguridad personal y, en parte, la del país. Se trataba de la privatización de la inteligencia, en un contexto en que el Presidente confundía su rol de impulsor de las inversiones necesarias para el país y la generación de empleo con un ujier de ciertas corporaciones o el determinador de quien entraba o no a invertir en el país.
Pero las conexiones también se dieron a nivel de empresarios y espías. Carlos Melendez comenta las consecuencias de esta relación:
Este tipo de empresas terminan jugando roles claves en la toma de decisiones, ya que ofrecen servicios que lindan con el delito (muchas veces pasando los límites de lo permisible, claro está) y que justifican medidas represivas. En una década caracterizada por los conflictos entre intereses privados de grandes empresas extractivas y de organizaciones sociales incapaces de mediar las demandas sociales, el manejo de la información y las “medidas de control social” (sic) resultan claves para la definición de los desenlaces, como sucede a menudo con los conflictos sociales. Ante la imposibilidad del diálogo y la negociación, básicamente por ausencia de intermediación estatal, la oferta de servicios de espionaje y de represión resulta atractiva para tomadores de decisiones que desconocen la lógica social y política de los espacios donde operan sus intereses. Azuzando los temores –como el miedo que meten las Farc o el Chavismo continental–, se justifica la contratación de services de “seguridad de la información”, y las reuniones de los comités de directorio de empresas privadas caen ante la seducción de las exposiciones de marinos en retiro especialistas en vender conspiraciones y prometer “estrategias de defensa” que terminan en un balazo en la pierna a algún dirigente social (caso real).
Por tanto, más allá de las anécdotas y de los faenones, quizás sea necesario pensar en las consecuencias que la corrupción está generando en el país o como se emparenta con otros fenómenos sociales. Con las distancias que median entre el fujimorato y este gobierno, hemos pasado, en aras de un supuesto fin necesario para todos, a otro tipo de corrupción.
¿Cómo la combatimos? Para comenzar, dejando de tener miedo de procesar a quienes estén involucrados en estos temas, sobre todo, cuando cuentan con gran poder económico. Ello nos ayudará a separar a los buenos empresarios de aquellos que no lo son. Y claro, también impidiendo que la seguridad del país vuelva a estar en manos de quienes quieren medrar a costa de ella, sea desde el Estado o desde empresas privadas. Y para ello todos, Estado, empresas y demás actores de la sociedad deberán estar dispuesto a transparentar sus prácticas. Con ello, quizás los peruanos desconfiemos menos de los funcionarios públicos y los empresarios.
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