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SERVIR: empujar la burocracia, pero ¿hacia dónde?

La novísima Ley de Servicio Civil, tal como ya ha sido suficientemente destacado, introduce la meritocracia en varios niveles de la administración pública: en el ingreso (concurso público) y en la evaluación, que puede llevar tanto a promociones o bonificaciones, como a la destitución del cargo.  Si son aplicados de manera correcta, estos incentivos pueden llevar a los servidores públicos a mejorar cualquier indicador que se proponga el Estado. Sin embargo, ¿cuáles  serían esos indicadores? La norma no lo aclara.
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Va a sonar algo aguafiestas lo que voy a decir; ya que muchos comentaristas especializados están felices con esta norma. Sin embargo, me parece algo básico preguntarnos: ¿qué es lo que van a hacer más y mejor nuestros funcionarios públicos?
Ya sé que no todos ellos están incluidos en la Ley, pero igual los uso como ejemplos: ¿Quién es mejor policía? ¿El que dispara más veces? ¿El que hace más arrestos? ¿El que sale mejor en un examen sobre conocimientos sobre como ser un buen policía? Lo mismo con un congresista: ¿Más leyes? ¿Más acusaciones? O un médico: ¿El que cura más pacientes independientemente de los recursos que use o la complejidad de la enfermedad? ¿El que atiende más? ¿El que usa mejor los recursos? O un juez: ¿El que resuelve más causas? ¿El que va a más cursos de especialización? ¿El que recibe menos quejas o procedimientos disciplinarios? Un burócrata, ¿es mejor cuando pone más "peros" o menos a un proyecto de inversión? No es tan fácil decidir.
Estos pasos intermedios, a su vez, están conectados con la finalidad de la institución como un todo. Tal como ha destacado Pedro Francke de manera bastante crítica, ¿cómo evaluar el desempeño individual en una institución que no funciona en conjunto o que no tiene un claro norte? Es difícil cuestionar una Ley cuando tiene un propósito tan noble. Sin embargo, me pregunto si no será contraproducente volver más "activos" a funcionarios públicos que marchan sin rumbo o sin un propósito claro.
¿Cómo alinear el desempeño de los funcionarios públicos al interés público?
Creo que una buena manera es incluyendo incentivos de mercado dentro de la administración pública (recomiendo leer esto). Por ejemplo, los administrados deberían poder elegir  -en algunos casos- entre diferentes dependencias administrativas; en lugar de que la competencia esté basada en criterios formales como el domicilio del administrado (esto es claro en casos como los colegios públicos y la solución de los vouchers). Luego, la duplicidad de funciones no necesariamente es una mala idea.  Introducir la competencia entre instituciones, combinado con la capacidad para elegir de los usuarios, nos da una idea clara de las preferencias de los ciudadanos, que es lo que queremos satisfacer en primer lugar, por lo menos cuando estas preferencias están alineadas con el interés público.
Además, se debe pensar con cierto detenimiento cuándo una actuación administrativa es "buena". En el ámbito judicial, es difícil -por subjetivo- distinguir entre una buena o mala interpretación de la ley. Sin embargo, un criterio objetivo para determinar cuando una resolución judicial es "buena" es cuando es confirmada por la instancia superior. Esto no solo da un parámetro objetivo acerca de la corrección de la resolución, sino que sirve el propósito de uniformizar los criterios jurisprudenciales (ver más detalles sobre estas ideas,aquí). ¿Cuál es el criterio para cualquier otra actividad administrativa? Nuevamente, no es una pregunta fácil de responder. Tomando mis ejemplos, imagine cuán contraproducente sería medir el desempeño de un juez por la cantidad de resoluciones expedidas o de un médico por la cantidad de pacientes tratados o de un policía por la cantidad de arrestos. Quizá exagero, pero es para ilustrar el punto: los criterios de evaluación son fundamentales y deben -a su vez- responder a una visión integral de las instituciones.
Sé que esto se puede ver luego, mediante reglamentos o directrices específicas; solo hago la crítica porque me parece que se han invertido los pasos. Primero hay que saber hacia dónde queremos empujar y luego recién empujar. Primero hay que responder preguntas básicas como cuáles son las metas de las instituciones; si queremos que nuestros funcionarios sean más o menos discrecionales; si los mejores evaluadores de su desempeño son sus jefes o los usuarios del sistema; etc. Si empujamos antes de saber hacia dónde vamos, no solo podría no servir a nuestro propósito, sino alejarnos de nuestro destino.